La saga de los casinos en México vive nuevos capítulos de escándalo. Uno de ellos es la cancelación de los permisos que Felipe Calderón otorgó en el último día de su mandato; otro son las acusaciones de corrupción por el otorgamiento de autorizaciones para casas de juego contra panistas que desempeñaron altos cargos públicos en los dos sexenios panistas, entre ellos el senador Roberto Gil Zuarth.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La última decisión de Felipe Calderón en la Presidencia de la República, el otorgamiento de permisos a dos empresas para operar 94 casinos durante 25 años y que ha generado un escándalo, fue anulada: Un juez suspendió las autorizaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) a las dos firmas, vinculadas con presuntos criminales.
El jueves 3, a un mes de iniciado el gobierno de Enrique Peña Nieto, el juez segundo de distrito en Materia Administrativa en Nuevo León, Javier Rubén Lozano Martínez, otorgó la suspensión definitiva a Entretenimiento de México (Emex), propiedad de los hermanos Rojas Cardona, de cuyo permiso derivaron los otorgados a Producciones Móviles y Exciting Games.
Producciones Móviles, a la que Gobernación autorizó la operación de 40 centros de apuestas remotas y 40 salas de sorteos de números, es propiedad de Juan Iván Peña Néder, según su exesposa Talía Vázquez Alatorre, quien lo acusa de encabezar una red de traficantes de permisos para operar casinos ilegalmente, aun desde la cárcel, donde espera juicio acusado de violación tumultuaria.
Los otros socios de Producciones Móviles, firma que reiteradamente ha sido denunciada por conductas ilegales, son dos funcionarios de la Segob en la primera parte del sexenio de Calderón: Guillermo Santillán Ortega, titular de la Unidad de Enlace Federal, y Roberto Correa Méndez, exdirector general de Juegos y Sorteos.
Se trata del más reciente escándalo en la historia de complicidades y corrupción por el lucrativo negocio de los casinos que proliferan en todo el país –funcionan 349 en 29 estados y hay otros 361 que pueden ser abiertos– y que involucra a prominentes miembros del Partido Acción Nacional (PAN) en los sexenios de Vicente Fox y Calderón.
La trama se inició con Fox, cuando Santiago Creel como secretario de Gobernación otorgó permisos para operar 432 casinos –con el argumento de “democratizar el juego” en México– y la rubricó Calderón con los permisos que formalizó dos minutos antes de concluir su sexenio, como lo reveló este semanario el pasado 15 de diciembre (Proceso 1885).
La vinculación de panistas con los casinos no es nueva: Por ejemplo, un operador de Creel para otorgar los permisos una semana antes de renunciar al cargo para buscar la candidatura presidencial, Miguel Ángel Ochoa Sánchez, titular de Enlace Federal, es el actual presidente de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juegos de Apuestas.
Ochoa tuvo el mismo cargo en la Secretaría de Gobernación con Creel que Santillán Ortega el siguiente sexenio; éste, además, como secretario del ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato, pretendió instalar un casino. Ninguno de los dos refrendó su militancia en el PAN.
Un tema recurrente de discusión informal en el PAN son los “casineros”, aquellos dirigentes que tienen nexos con empresarios como Juan José Rojas Cardona, El Zar de los Casinos, y su hermano Arturo, quienes presuntamente financiaron a Gustavo Madero, presidente del partido, y a legisladores afines a éste como Jorge Villalobos, Rodolfo Dorador, Guillermo Anaya…
En lo que configura una disputa entre empresarios del juego por el mercado y a la que Televisa ha dado inusitada cobertura informativa –empresa que también es permisionaria de 130 casinos Play City–, también se deja ver un choque entre panistas por sus respectivos nexos con casineros.
Y es que ahora, con el permiso que la Segob otorgó a Producciones Móviles de Peña Néder, Santillán Ortega y Correa Méndez, los perjudicados son los Rojas Cardona, a quienes funcionarios del gobierno de Calderón descalificaban.
Así, una vez que Gobernación otorgó los permisos a Producciones Móviles y Exciting Games, que fue calificada como una “conducta a todas luces criminal”, la empresa de los Rojas Cardona presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra Alejandro Poiré, exsecretario de Gobernación, y otros 14 funcionarios.
Y a esta denuncia –por la que la PGR inició la averiguación previa AP/PGR/UEIDSPCAJ/M/322/2012– siguió la solicitud de un amparo y el juez Lozano Martínez decretó la suspensión definitiva, de la que Proceso tiene copia, que deja sin efecto los permisos y que apunta a la clausura de por lo menos 15 casinos que operan aquellas empresas.
“¡Son criminales!”
El tema del juego y las apuestas en México, que detonó la tragedia del Casino Royale de Monterrey, donde el 25 de agosto de 2011 murieron 52 personas, se puso bajo escrutinio por las irregularidades que presuntamente cometieron funcionarios de la administración de Fox.
El responsable de operar el área de juegos fue el subsecretario de Gobierno con Creel, Felipe González, quien integró su equipo con personajes que lo acompañaron en su gobierno, como el director del Instituto de Educación de Aguascalientes, Miguel Ángel Ochoa Sánchez, dirigente de los permisionarios del juego.
Otro fue Miguel Fierro Evans, secretario de Planeación del gobierno de Aguascalientes, y quien fue titular de la Unidad de Gobierno de Gobernación, consignado por la PGR por el caso del Casino Royale y protegido por la justicia.
Uno más fue Edmundo Valdés Santacruz, coordinador de Turismo de Aguascalientes, secretario particular de Felipe González y supuestamente allegado a los Rojas Cardona y a Héctor Gómez Barrera, quien fue secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes y director de Juegos y Sorteos.
El asunto de los casinos volvió a cobrar relevancia una vez que Calderón otorgó los permisos el último día de su gestión.
“¡El tema es este! ¡Este es el tema crucial! Calderón no dio un solo permiso en el sexenio y lo da hasta el último minuto de su gobierno. Lo gravísimo es que se lo dio a unas empresas denunciadas 800 veces. ¡Se los dio a criminales! ¡Eso es lo terrible!”, clama Talía Vázquez Alatorre, exesposa de Peña Néder.
Exhibe las numerosas denuncias que presentó ante la Segob acerca de las maniobras de Peña Néder y sus socios, como la falsificación de permisos para la operación de casinos, por los que cobraban entre 80 mil y 400 mil pesos mensuales.
“No puede decir el gobierno que no sabía, porque yo denuncié por todos lados cómo habían fabricado Producciones Móviles de manera chueca, que era un descaro que heredaba todo lo ilegal de Cadereyta. ¡Lo hice todo y no pensé que se atrevieran a dar permisos!”
Más que el dicho de Vázquez Alatorre hay documentación oficial que avala la protección oficial a Producciones Móviles y Exciting Games: Pese a que en 2011 Emex dio por terminado el contrato de operación de la primera, la Segob dio autorización para casinos.
Así consta por ejemplo en el oficio enviado el 14 de marzo de 2012 por la directora general adjunta de Juegos y Sorteos, Araceli Barroso Rodríguez, al agente del Ministerio Público Ramón Guzmán Bernal, como parte de la averiguación previa 83/UEAIDAPLE/LE/12/2012.
Peña Néder es un personaje peculiar: Priista de Chihuahua, de tendencia fascista, fue asesor de Carlos Jiménez Macías cuando el presidente del PRI era Roberto Madrazo. Luego colaboró con Fernando Silva Nieto en el gobierno de San Luis Potosí.
En 2006, cuando se perfilaba la campaña de Andrés Manuel López Obrador, Manuel Camacho Solís, coordinador de las Redes Ciudadanas, lo hizo su operador para los estados del norte del país, donde imponía candidatos, algunos de mala reputación.
Concluida la campaña y con el apoyo de Camacho, Peña Néder se hizo pasar como el interlocutor de la izquierda con Calderón y se le dio el puesto de coordinador de asesores del subsecretario de Gobierno, Abraham González Uyeda, cuando el secretario era Francisco Ramírez Acuña.
Desde esa posición Peña Néder trabó relación con Santillán Ortega y Correa Méndez para tramar la falsificación y venta de permisos para la operación de casinos, al mismo tiempo que estableció relación con el naciente partido Nueva Alianza, de Elba Esther Gordillo.
Desde 2006 Vázquez Alatorre acompañó a “Juan Iván”, como le llama, en una ruta que los llevó a compartir un despacho y luego a contraer matrimonio, en julio de 2009, y por eso afirma conocer todos los negocios de su exmarido, a quien acusó de violación.
Luego de sufrir un permanente hostigamiento y amenazas, procedió contra su exmarido, lo denunció reiteradamente ante funcionarios del gobierno federal y decidió ventilar públicamente sus negocios y sus cómplices a partir de que le fue otorgado el permiso a su empresa.
Para ella no hay duda: Detrás del permiso a Producciones Móviles hay corrupción y complicidades de personajes cercanos a Calderón, como el senador Roberto Gil Zuarth y el abogado Julio Esponda.
A Gil lo acusa de haber recibido dinero de casineros en su campaña por la presidencia del PAN en 2010 y de apoyar a Peña Néder desde que era subsecretario de Gobierno y luego secretario particular de Calderón, en cuyo carácter hizo gestiones, afirma, para la apertura de un casino en Querétaro a cambio de 800 mil dólares.
Y a Esponda, amigo de Calderón desde que eran estudiantes de la Escuela Libre de Derecho, lo señala como el defensor de Peña Néder y su socio en negocios, incluido el trámite que hicieron para instalar infructuosamente un casino en Querétaro.
Las complicidades las extiende a la senadora Luisa María Calderón, cuya suplente es Lizette Clavel, exdirigente de las sobrecargos de aviación y quien es asidua visitante de Peña Néder, preso en el penal federal de Matamoros, Tamaulipas, sujeto a proceso por violación tumultuaria en su contra.
Diputada perredista suplente de Michoacán, cuya propietaria es su hermana Selene –quien a su vez fue suplente de Silvano Aureoles en el Senado– y amiga del exgobernador Leonel Godoy, Vázquez Alatorre ratifica sus acusaciones contra Gil Zuarth, pese a la demanda civil que éste presentó en su contra.
“Yo no sé a quién haya ayudado Rojas en el PAN. Dicen que financió la campaña de Calderón, no lo sé. Lo que yo digo es que la campaña de Gil Zuarth recibió apoyos de casineros que no eran Rojas. Si Rojas apoyó a Madero, como dicen en mi pueblo, pues pior. Otros apoyaban a Gil Zuarth”.
–¿Qué casineros?
–Lo voy a decir cuando lo reconvenga en la demanda. No voy a revelar mis pruebas. Gil sabe. Si Rojas apoyó a Madero, otros apoyaron a Gil y a lo mejor de ahí viene su corajito. A lo mejor no es como él dice, que tocó callos e intereses. ¿No será al revés, que yo toqué callos e intereses?
Niega, por ello, que detrás de ella estén los Rojas Cardona, a quienes Peña Néder y Santillán, afirma, robaron: “Si hay una vinculación entre Rojas y yo es la misma que existe con toda la gente que Juan Iván ha timado: Tenemos un enemigo común”.
Que aclare el PAN
Ante las acusaciones de Vázquez Alatorre, Gil Zuarth insiste en que jamás ha recibido dinero de casineros ni de nadie en su desempeño como servidor público o candidato a presidir el PAN en 2010.
“No tengo dueño, no tengo vergüenza ni tacha en mi paso por la Secretaría de Gobernación ni mi paso como secretario particular del presidente. Jamás he recibido un solo peso de persona vinculada a la industria de casinos.”
Cree que detrás de las acusaciones de Vázquez Alatorre están personajes como Rojas Cardona, que fueron afectados por las 3 mil 700 acciones contra el juego ilegal y las 54 clausuras de casinos que hizo como subsecretario de Gobierno.
–¿Perjudicó intereses de los Rojas Cardona?
–No tengo duda de que toqué intereses. Cerré 54 establecimientos.
–¿Era de los Rojas?
–No conozco si el señor Rojas era dueño de alguno de los establecimientos. Nosotros revisábamos a la persona moral, no a los inversionistas. La autoridad administrativa tiene un velo de quién está detrás de cada casino o centro de apuestas. Nosotros vemos a la persona moral si tiene o no tiene permiso. ¿Quiénes son los accionistas? Le corresponde al Ministerio Público demostrar si hay algún financiamiento de carácter ilegal.
Gil Zuarth, quien insiste en que sólo ha visto una vez a Peña Néder, le revira a Vázquez Alatorre que ella sí está vinculada al juego. “Esta persona tiene casinos en Guanajuato y Michoacán”.
Se refiere, en el caso de Guanajuato, al Grand Casino de León, que en efecto se abrió en 2011 y que se inició con una asociación entre Jaguar Entertainment, de la que Vázquez Alatorre era apoderada legal, y Grupo Win, uno de cuyos socios era Ricardo Villarreal, actual diputado federal del PAN y hermano de Luis Alberto, coordinador de la bancada de ese partido.
Vázquez Alatorre confirma que no era, sino que es, apoderada de Jaguar Entertainment, propiedad de su primo Raúl Alvarado, un empresario radicado en Estados Unidos, a quien Peña Néder le vende el permiso de Video y Entretenimiento de Monterrey para operar un casino en 3 millones de dólares y le consigue luego, en 2008, como socio a Villarreal.
Sin embargo, un año antes de abrir el casino, en 2010, rescinden el contrato con Jaguar y se abre con un permiso de Entretenimiento y Videos Cadereyta, otro negocio de Peña Néder asociado con Santillán Ortega.
“Lo que hizo mi primo fue decir que estaba harto y me preguntó si podíamos demandar y le dije que sí, pero Villarreal le decía: ‘No te puedes trepar al ring con Villarreal, es senador por Guanajuato’. Y él decide retirarse con su chipote.”
Recuerda que el 8 de septiembre de 2011, cuando su hermana Selene asumió la senaduría en sustitución de Aureoles, Villarreal se le acercó, amable, a saludarla.
–Senadora, ¿que tenemos hermanos casineros?
–Sí, senador –le respondió ella–, con la diferencia de que el casino sí es de su hermano y de mi hermana no.
Justamente sobre las relaciones de panistas con casinos, Gil Zuarth emplaza al PAN a que enfrente el problema. “Se están haciendo señalamientos muy graves en torno a la vinculación de diversos militantes con la industria de los casinos y en consecuencia como partido tenemos que deslindarnos claramente”.
Subraya: “Es absolutamente inconsistente que el partido, por un lado, esté dando la batalla al crimen organizado y, por otro, estemos siendo señalados como de estar vinculados a una industria que tiene incidencia en el financiamiento de organizaciones del crimen organizado”.
“Hay que hacer dos cosas como partido político: Cada señalamiento debe ser afrontado de manera directa, como yo lo estoy haciendo, pero también el partido, dentro de sus órganos de dirección, tiene que hacer una revisión de cuál es la razón de que hay esta existencia de evidenciar esta vinculación y deslindarse de aquello que tenga motivo para ello.”
Aunque hay señalamientos de adversarios del PAN, no descarta que también desde su partido busquen desacreditarlo.
“No quisiera pensarlo. Espero asumir que se trata de intereses que yo he afectado en mi paso como subsecretario de Gobernación. Yo me hago cargo de los señalamientos que se están haciendo en mi contra y que cada quien se haga cargo de los señalamientos que se le hacen.”
